Normativa

Ley 17.556

 

Artículo 92.- Agrégase al artículo 27 del Decreto-Ley Nº 15.524, de 9 de enero de 1984, el siguiente numeral:

«5) Emanen de los mandos de las Fuerzas Armadas, por medio de las cuales, se aplique cualquier tipo de sanción o pena a sus efectivos, en virtud de la comisión de falta disciplinaria o, en su caso, delitos militares así como la baja como consecuencia de los mismos».

Ley 13.892 (19/10/1970)

 

Artículo 242.- Créase el cargo de Defensor de Oficio en materia Contencioso- Administrativa anulatoria, quien en el ejercicio de su función actuará con independencia técnica, y cuya actividad será reglamentada por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. Su dotación será la misma que la establecida para los Defensores de Oficio del Poder Judicial en materia civil, y tendrá la prohibición del ejercicio profesional en asuntos administrativos y contencioso administrativos, de carácter particular.

ACORDADA Nº 8 (03/04/2006)

En Montevideo, a los tres días del mes de abril del año dos mil seis, estando en Acuerdo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con la presencia de los señores ministros doctores: Don Carlos Rochón, Presidente, doña Martha E. Battistella de Salaberry, don Eduardo Lombardi, don Dardo Preza y don Ricardo Harriague, por ante la infrascripta Secretaría,

Dijo:

Visto:

La potestad reglamentaria del Tribunal (art.13 del Dec. Ley N° 1 5.524).

Considerando:

La necesidad de actualizar y uniformizar el régimen de presentación de escritos en los procesos jurisdiccionales, que tramitan ante este Tribunal.

El Tribunal,

Resuelve:

Artículo 1º:

1.1 Todo escrito que se presente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberá tener una impresión claramente legible y realizarse en papel, que deberá ajustarse a las siguientes características:

a) Peso: el papel no podrá ser de un peso inferior a 60 gramos.

b) Dimensión: el papel deberá ser de 21 centímetros de ancho por 29,7 centímetros de largo (conocido como «universal A4»).

c) Margen:

1) Anverso: la parte superior no será menor de 5 centímetros y la parte inferior, no menor de 2 centímetros; el margen izquierdo no será menor de 4 centímetros y el margen derecho no menor de 1,5 centímetros.

2) Reverso: los márgenes superior e inferior deberán ser iguales a los del anverso; el margen izquierdo no inferior a 1,5 centímetros y el margen derecho no inferior a 4 centímetros, manteniendo simetría con los márgenes del anverso.

d) Líneas: no se podrá imprimir más de 28 líneas por carilla, debiendo mediar entre línea y línea, un espacio no menor de 8 milímetros. Cada línea no podrá contener más de sesenta y cinco caracteres.

e)Impresión: deberá escriturarse en el anverso y reverso de cada hoja, con textos en tinta negra.

1.2. En la primera página, en la parte superior derecha, el escrito deberá contener una suma o resumen del petitorio.

1.3. El escrito deberá estar dirigido a los Señores Ministros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

1.4. En el encabezamiento del escrito y sin más excepción del que inicia un proceso, debe establecerse la carátula y el número que corresponde al expediente, en el Registro Informático de Entradas.

Artículo 2°. El escrito deberá estar suscripto por las parte o su representante y el letrado patrocinante, con tinta azul o negra.

Los profesionales que suscriban el escrito en calidad de tales, deberán aclarar con sello o letra clara y legible su nombre completo, el título profesional habilitante, y el número de su inscripción en la matrícula. En la misma forma deberá procederse con la suscripción en las actas de audiencias.

La exhibición de carné de abogado expedido por la Suprema Corte de Justicia, será obligatoria para acreditar dicha calidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3º. Las demandas -a ingresar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberán ser acompañadas por un formulario, que será proporcionado por el mismo y del cual resultará, en forma preceptiva, la determinación del acto impugnado y el detalle de extremos que configuren el debido agotamiento de la vía administrativa, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 59 del decreto ley N° 15.524, que deberá desarrollarse en el escrito.

Artículo 4° Todo documento deberá ser agregado en original o facsímil autenticado, fácilmente legible. Las hojas que lo compongan, deberán estar foliadas y cosidas o engrampadas. Los mismos extremos se aplicarán para la agregación de los antecedentes administrativos.

Artículo 5°. Todo escrito presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deberá ser acompañado de tantas copias, claramente legibles, como personas hayan de ser notificadas, y otra copia adicional, para serle devuelta en calidad de recibo. Cuando con la demanda, se solicite la suspensión de la ejecución del acto administrativo; deberá presentarse, además, otra copia del escrito y de la documentación que se agregue.

Artículo 6°. Derógase la Acordada adoptada el 26 de abril de 1976, así como toda otra disposición que se oponga a la presente.

Artículo 7°. La Acordada entrará en vigencia el día dos de mayo de 2006. Comuníquese y publíquese. Y firma el Tribunal, de que certifico. –

Dr. Carlos Rochón – Presidente.

Dra. Martha E. Battistella de Salaberry.

Dr. Eduardo Lombardi.

Dr. Dardo Preza.

Dr. Ricardo Harriague

Constitución de la República

SECCIÓN XVII

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I

Artículo 307. Habrá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el que estará compuesto de cinco miembros.

En los casos de vacancias y mientras éstas no sean provistas, y en los de recusación, excusación o impedimento para el cumplimiento de su función jurisdiccional, se integrará de oficio en la forma que establezca la ley.

Artículo 308. Las calidades necesarias para ser miembro de este Tribunal, la forma de su designación, las prohibiciones e incompatibilidades, la dotación y duración del cargo, serán las determinadas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

CAPÍTULO II

 

Artículo 309. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo conocerá de las demandas de nulidad de actos administrativos definitivos, cumplidos por la Administración, en el ejercicio de sus funciones, contrarios a una regla de derecho o con desviación de poder.

La jurisdicción del Tribunal comprenderá también los actos administrativos definitivos emanados de los demás órganos del Estado, de los Gobiernos Departamentales, de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados.

La acción de nulidad sólo podrá ejercitarse por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto administrativo.

Articulo 310. El Tribunal se limitará a apreciar el acto en sí mismo, confirmándolo o anulándolo, sin reformarlo.

Para dictar resolución, deberán concurrir todos los miembros del Tribunal, pero bastará la simple mayoría para declarar la nulidad del acto impugnado por lesión de un derecho subjetivo.

En los demás casos, para pronunciar la nulidad del acto, se requerirán cuatro votos conformes.

Sin embargo, el Tribunal reservará a la parte demandante, la acción de reparación, si tres votos conformes declaran suficientemente justificada la causal de nulidad invocada.

Artículo 311. Cuando el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo declare la nulidad del acto administrativo impugnado por causar lesión a un derecho subjetivo del demandante, la decisión tendrá efecto únicamente en el proceso en que se dicte.

Cuando la decisión declare la nulidad del acto en interés de la regla de derecho o de la buena administración, producirá efectos generales y absolutos.

Artículo 312.  La acción de reparación de los daños causados por los actos administrativos a que refiere el artículo 309 se interpondrá ante la jurisdicción que la ley determine y sólo podrá ejercitarse por quienes tuvieren legitimación activa para demandar la anulación del acto de que se  trate.

El actor podrá optar entre pedir la anulación del acto o la reparación del daño por éste causado.

En el primer caso y si obtuviere una sentencia anulatoria, podrá luego demandar la reparación  ante la sede correspondiente. No podrá, en cambio, pedir la anulación si hubiere optado primero por la acción reparatoria, cualquiera fuere el contenido de la sentencia respectiva. Si la sentencia del Tribunal fuere confirmatoria, pero se declara suficientemente justificada la causal de nulidad invocada, también podrá demandarse la reparación.

Artículo 313. El Tribunal entenderá, además, en las contiendas de competencia fundadas en la legislación y en las diferencias que se susciten entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, y, también, en las contiendas o diferencias entre uno y otro de estos órganos.

También entenderá en las contiendas o diferencias que se produzcan entre los miembros de las Juntas Departamentales, Directorios o Consejos de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, siempre que no hayan podido ser resueltas por el procedimiento normal de la formación de la voluntad del órgano.

De toda contienda fundada en la Constitución entenderá la Suprema Corte de Justicia.

CAPÍTULO III

Artículo 314. Habrá un Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, nombrado por el Poder Ejecutivo.
Las calidades necesarias para desempeñar este cargo, las prohibiciones e incompatibilidades, así como la duración y dotación, serán las determinadas para los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Artículo 315. El Procurador del Estado en lo Contencioso-Administrativo será necesariamente oído, en último término, en todos los asuntos de la jurisdicción del Tribunal.

El Procurador del Estado en lo Contencioso-Administrativo es independiente en el ejercicio de sus funciones.

Puede, en consecuencia, dictaminar según su convicción, estableciendo las conclusiones que crea arregladas a derecho.

Artículo 316. La autoridad demandada podrá hacerse representar o asesorar por quien crea conveniente.

CAPÍTULO IV

Artículo 317. Los actos administrativos pueden ser impugnados con el recurso de revocación, ante la misma autoridad que los haya cumplido, dentro del término de diez días, a contar del día siguiente de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el «Diario Oficial».

Cuando el acto administrativo haya sido cumplido por una autoridad sometida a jerarquías, podrá ser impugnado, además, con el recurso jerárquico, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria, al recurso de revocación.

Cuando el acto administrativo provenga de una autoridad que según su estatuto jurídico esté sometida a tutela administrativa, podrá ser impugnado por las mismas causas de nulidad previstas en el artículo 309, mediante recurso de anulación para ante el Poder Ejecutivo, el que deberá interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocación.

Cuando el acto emane de un órgano de los Gobiernos Departamentales, se podrá impugnar con los recursos de reposición y apelación en la forma que determine la ley.

Artículo 318. Toda autoridad administrativa está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo en la ejecución de un determinado acto administrativo, y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus decisiones previos los trámites que correspondan para la debida instrucción del asunto, dentro del término de ciento veinte días, a contar de la fecha de cumplimiento del último acto que ordene la ley o el reglamento aplicable.

Se entenderá desechada la petición o rechazado el recurso administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

Artículo 319. La acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes.

La acción de nulidad deberá interponerse, so pena de caducidad, dentro de las términos que en cada caso determine la ley.

CAPITULO V

 

Art. 320. La ley podrá, por tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara, crear órganos inferiores dentro de la jurisdicción contencioso administrativa.

Estos órganos serán designados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo que disponga la ley sobre la base de las disposiciones que se establecen para el Poder Judicial y estarán sometidos a su superintendencia directiva, correccional, consultiva y económica.

Art.321.–  El Tribunal de lo Contencioso Administrativo proyectará sus presupuestos y los remitirá, en su oportunidad , al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los respectivos proyectos de presupuesto, acompañándolos de las modificaciones que estime pertinentes.